Pagos digitales obligatorios: ¿quién piensa en los mexicanos que todavía viven del efectivo?
México ya tiene una nueva ley para impulsar los pagos electrónicos. La modernización puede ser necesaria, pero millones de ciudadanos merecen saber cómo se protegerán sus derechos y su patrimonio.
En México, no todos tienen una tarjeta bancaria. No todos cuentan con internet. Y mucho menos todos saben utilizar una aplicación para transferir dinero.
Pero todos necesitan comprar alimentos, pagar servicios, trasladarse y sostener a sus familias.
Esa es la realidad que las autoridades no pueden ignorar cuando deciden transformar la manera en que circula el dinero.
El pasado 4 de noviembre se publicó la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha explicado que el efectivo no desaparecerá de manera general. Sin embargo, la nueva legislación permite establecer sectores donde los medios electrónicos sean la única forma de pago.
Son dos realidades que deben explicarse con transparencia.
Porque una cosa es ofrecer nuevas opciones de pago y otra muy distinta es dejar de aceptar efectivo en determinadas actividades.
Pagos digitales obligatorios: la otra cara de la modernización
Imaginemos a una mujer que vende comida en un mercado popular de Acapulco.
Todos los días recibe billetes y monedas. Con ese dinero compra mercancía, paga transporte y sostiene a sus hijos.
Ahora imaginemos que determinados servicios que necesita comienzan a aceptar exclusivamente pagos electrónicos.
¿Quién le enseñará a utilizar las aplicaciones? ¿Qué sucederá si no tiene una cuenta bancaria? ¿Quién pagará los costos de su adaptación?
No se trata de rechazar la tecnología.
Se trata de impedir que el progreso se convierta en una nueva forma de desigualdad.
La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024 reveló que el 85.2% de las personas utilizaba principalmente efectivo para compras de 500 pesos o menos.
Además, en septiembre de 2026, México registró 32.6 millones de trabajadores en condiciones de informalidad laboral.
La informalidad no significa necesariamente carecer de cuentas bancarias. Pero ambas cifras muestran la necesidad de estudiar las distintas realidades económicas de la población.
Los diputados aprobaron la ley; ahora deben explicar sus consecuencias
Durante años, Morena cuestionó la subordinación del Congreso a las decisiones presidenciales.
Hoy tiene la responsabilidad de demostrar que una mayoría legislativa también puede ejercer vigilancia sobre las políticas del gobierno que respalda.
La ley fue aprobada por el Congreso. Esa decisión es un hecho consumado.
Pero aprobar una ley no termina la responsabilidad de los legisladores.
También deben explicar cómo funcionará, qué derechos estarán protegidos y cuáles serán las consecuencias de su aplicación.
La oposición, por su parte, no cumple su función solamente rechazando propuestas. También tiene la obligación de presentar alternativas y exigir mecanismos verificables de protección ciudadana.
México necesita argumentos, no competencias de insultos.
¿Y quién responderá cuando desaparezca el dinero de una cuenta?
Esta es una de las preguntas más delicadas.
Los pagos electrónicos ofrecen rapidez y comodidad, pero también presentan riesgos: suplantación de identidad, engaños mediante mensajes falsos, robo de contraseñas y transferencias fraudulentas.
¿Qué ocurrirá con una persona adulta mayor que sea engañada por un delincuente digital?
¿Tendrá acceso a una reclamación sencilla? ¿Quién investigará? ¿Cuándo recuperará su dinero, si legalmente corresponde una devolución?
No existe una garantía de que el Gobierno federal reembolse automáticamente todas las pérdidas por fraude.
Por eso, antes de extender sistemas obligatorios, las autoridades deben explicar cuáles serán las protecciones concretas para los usuarios.
La seguridad financiera no puede quedar reducida a una recomendación de cambiar contraseñas.
Una ley nacional, pero realidades muy diferentes
No es lo mismo pagar electrónicamente en una zona comercial con internet estable que hacerlo en una comunidad rural con problemas de conectividad.
Tampoco tiene las mismas posibilidades una persona habituada a utilizar aplicaciones bancarias que otra que apenas sabe manejar su teléfono.
La legislación contempla medidas de inclusión financiera y conectividad. También permite utilizar efectivo o cheque ante ciertas contingencias tecnológicas.
Son disposiciones importantes.
Pero todavía falta conocer cómo se aplicarán en los sectores donde se establezcan pagos exclusivamente digitales.
La verdadera prueba estará en los resultados.
El Gobierno debe responder; el Congreso debe vigilar
Si las autoridades consideran que ciertos pagos exclusivamente electrónicos mejorarán la economía, deben explicar por qué, demostrar sus beneficios y proteger a quienes podrían enfrentar dificultades.
La presidenta tiene derecho a impulsar su política económica.
El Congreso tiene la responsabilidad de examinarla.
Y los ciudadanos tienen derecho a cuestionar sus consecuencias.
Ninguna mayoría parlamentaria sustituye la obligación de escuchar a la sociedad.
México puede modernizar sus sistemas de pago sin abandonar a quienes dependen del efectivo.
El reto no consiste únicamente en conseguir que millones de personas utilicen una aplicación.
Consiste en lograr que la tecnología facilite sus vidas sin poner en riesgo sus derechos, su seguridad o su patrimonio.
Porque un país no demuestra su modernidad cuando desaparecen los billetes de sus transacciones. La demuestra cuando nadie queda excluido de su economía.
Acapulco Times | Columna de análisis y opinión.
Esta publicación distingue entre el contenido vigente de la ley, las declaraciones oficiales y los riesgos que deben evaluarse durante su implementación.
