La fiscal de Baja California dio ayer una rueda de prensa en la que, de manera preocupante, puso la responsabilidad del feminicidio de Paola en sus familiares, amigos y en “jovencitas” que anden solas. Durante su intervención, anunció que apenas van a revisar si la aplicación de transporte utilizada por Paola es oficial y si cumple con los protocolos correspondientes, con la esperanza de que esta revisión no se limite solo a este caso, sino que se aplique de manera general. Sin embargo, del principal sospechoso del feminicidio no mencionó nada.
Paola salió con sus amigas y primas a un lugar a tres kilómetros de su casa y pidió un taxi de aplicación para volver, confiando en que estos servicios son seguros. Cuatro días después, fue encontrada asesinada en un ejido. ¿El problema radica en salir de noche o en utilizar servicios de transporte? ¿Se solucionan los feminicidios restringiendo la libertad de las mujeres? La respuesta es clara: NO.
Este tipo de declaraciones y actitudes son representativas de la situación en las fiscalías de todo el país, donde la falta de formación adecuada, la indolencia y la revictimización son comunes. Estas prácticas llevan a la elaboración de carpetas de investigación mal integradas y casos deficientemente armados, contribuyendo al clima de impunidad que prevalece en México.
Es fundamental que las autoridades enfoquen sus esfuerzos en la protección de las mujeres y en la persecución efectiva de los culpables, en lugar de perpetuar la culpabilización de las víctimas y sus círculos cercanos. La sociedad exige justicia y un sistema judicial que realmente garantice la seguridad y el bienestar de todos sus ciudadanos.
