CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Andrés Manuel López Obrador respondió ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, rechazando las acusaciones de espionaje realizadas en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) de México. “En México no se espía ni se vigila a nadie”, afirmó el gobierno, a pesar de la evidencia que apunta al uso del software Pegasus por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para espiar a Alejandro Encinas, periodistas y activistas.
El pronunciamiento del gobierno mexicano desestima una recomendación hecha por el gobierno de Costa Rica durante el EPU, que instaba a México a adoptar medidas para prevenir, investigar y eliminar el uso excesivo de la fuerza y la vigilancia digital de la población civil por parte de las fuerzas del orden. Esta recomendación surge a raíz de las pruebas que documentan el uso ilegal de Pegasus desde hace tres sexenios. Tanto la Sedena como el presidente López Obrador han negado que el Ejército siga utilizando el poderoso spyware desarrollado por la empresa israelí NSO Group.
López Obrador y las instituciones castrenses sostienen que las labores de “inteligencia” se realizan contra la delincuencia organizada. En respuesta a la recomendación de Costa Rica, el gobierno mexicano afirmó que utiliza la inteligencia “para debilitar las estructuras criminales por igual”.
La Fiscalía General de la República (FGR) tiene abiertas al menos tres carpetas de investigación por espionaje ilegal y la compra irregular de la tecnología. Sin embargo, ninguna ha tenido avances significativos. La primera investigación se abrió en 2017, cuando estalló el escándalo #GobiernoEspía, revelando cómo el gobierno de Enrique Peña Nieto intervino los celulares de periodistas y defensores de derechos humanos.
Investigaciones periodísticas han revelado que la Sedena fue el primer cliente internacional de NSO Group, adquiriendo la tecnología en 2010 bajo el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Diversas agencias de seguridad del gobierno de Peña Nieto utilizaron Pegasus para intervenir más de 15 mil celulares, incluyendo los de periodistas, defensores de derechos humanos y figuras políticas.
Las investigaciones de #EjércitoEspía, en las que Proceso participó, demostraron que la Sedena continuó utilizando Pegasus durante el sexenio de López Obrador desde el Centro Militar de Inteligencia (CMI) ubicado en el Campo Militar número 1. El spyware fue empleado para intervenir los teléfonos de abogados del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, dos periodistas y Raymundo Ramos Flores, defensor de derechos humanos en Tamaulipas.
En febrero de 2023, el diario El País reveló que Pegasus fue utilizado contra cuatro funcionarios de la Defensoría Pública de México. En mayo siguiente, The New York Times informó que Alejandro Encinas y varios miembros de su equipo en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) también fueron espiados con la tecnología, mientras investigaban el caso Ayotzinapa, que señalaba la responsabilidad de militares.
